PARAGUAY – INFANTICIDIOS. En la lucha contra la guerrilla, el Estado Colorado devora niñas

En Paraguay están pasando cosas gravísimas. Primero fue la captura y asesinato de dos niñas de 11 años, y luego el secuestro y desaparición de otra, de 14, ambos clarísimos casos de imprescriptibles crímenes de lesa humanidad. Si bien todo lo que sucede en el querido país vecino suele estar rodeado por una niebla, un halo de misterio, Pájaro Rojo cree necesario ofrecerle a sus lectores la noticia, tal como le llegó de Resumen Latinoamericano, el portal que dirige Carlos Aznárez, y luego una nota de Rocco Carbone que extraje del cada vez más recomendable portal La Tecla Eñe, que dirige Conrado Yasenza.

El Ejército Popular Paraguayo (EPP) salió a la luz hace 14 años y desde entonces y poco después tiene presos a quienes eran entonces sus máximos dirigentes. A pesar de sus claros orígenes en la Teología de la Liberación, la existencia de una guerrilla rural en pleno siglo XXI resultó tan anacrónica que muchos creyeron se trataba de un subterfugio del poder para aumentar el ritmo de desalojo de los campesinos de sus tierras ancestrales en beneficio de los latifundistas sojeros, casi siempre de origen brasileño, y los mas, que se trataba de un montaje que pronto desaparecería. Como lo primero se reveló falso y lo segundo no ocurrió, se trata de un fenómeno al que es imprescindible prestarle atención.

Secuestrada por el ejército paraguayo

Exigen la aparición con vida de la niña de 14 años Cármen Elizabeth Villalba

Apelan al gobierno argentino para que presione a Asunción. Antes, dos chicas argentinas de 11 años fueron asesinadas.

La Gremial de Abogadxs de Argentina exige que aparezca con vida la hija de 14 años de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, presos políticos paraguayos. El estado paraguayo persigue y se ensaña con los hijos e hijas de los combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Laura, la hermana de Carmen Villalba, prisionera desde hace 17 años, viajó al Paraguay junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian, ambas argentinas y de 11 años, decididas a conocer a sus padres, luchadores campesinos.

Las niñas (fotos) fueron emboscadas, torturadas y ejecutadas fingiendo un combate con el EPP que jamás existió. Laura, golpeadísima por el asesinato de su hija y su sobrina, quedó atrapada en Paraguay sin poder regresar a la Argentina donde vivía, trabajaba y estudiaba. Y junto a ella quedó Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, a quien le dicen «Licha» o «Lichita».

Carmen Villalba y sus mellizas recién nacidas en prisión. Ahora una de ellas ha sido secuestrada por el Ejército paraguayo.

Las niñas argentinas Lilian y María Carmen, asesinadas.

Ambas empezaron a ser buscadas intensamente por el Ejército y el Gobierno Paraguayo. La estrategia del gobierno es clara: su inteligencia militar, con apoyo de los yanquis, israelíes y colombianos, detectó que en el verano pasado varios niños residentes en Argentina cruzaron a encontrarse con sus padres –sea que estén en el monte o presos– y pretendieron obtener una superioridad en la lucha contra el EPP golpeando “donde duele”: sobre los niños. Lo que obligó a los padres que están en el monte a cambiar su forma de moverse en su afán de encontrarse con hijos que estaban en evidente peligro.

Por esa razón, una de las hijas mellizas de la prisionera Carmen –Lichita, nacida en cautiverio– y Laura Villalba, su tía, estaban escondidas. Hace casi un mes, un poblador de la zona vio como un grupo de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (la FTC) que operaban junto a un grupo de hombres de civil, se llevaron a Lichita.

El 23 de diciembre, Laura Villalba fue capturada por la FTC. Seguidamente fue «blanqueada» y remitida a prisión, acusada de ser un «elemento logístico» fundamental para la «organización terrorista», siendo que hasta el año pasado llevaba más de diez años viviendo en Argentina con su familia. Aquí, en Argentina, han nacido y viven todos sus hijitos.

Lo cierto en que no hay noticias de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo condenado a perpetua.

Se trata de un típico caso de Desaparición Forzada y tiene antecedentes. Entre los cercanos, el asesinato de dos niñas de 11 años en septiembre, entre lo más lejanos, el de Néstor, otro hijo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, asesinado a sus 14 años.

La Gremial de Abogados y Abogadas no dejará instancia por presentarse, nacional e internacional para que aparezca con vida la niña. ¡Que el Gobierno y las Fuerzas Armadas paraguayas entreguen con vida a Carmen Elizabeth, de 14 años!

Pedimos y rogamos a los colectivos de Abogados y Organizaciones de DDHH de Argentina, Paraguay y Nuestra América que se pronuncien; que presionen al Gobierno Paraguayo. Pedimos a los cientos de organizaciones oficialistas o ligadas, directa o indirectamente al Gobierno Argentino que se pronuncien y presionen a al Estado Paraguayo.

Pedimos al Gobierno Argentino (que tanto y tan bien nos acompañó con las muertes de las niñas de 11 años asesinadas), que no calle, que no cierren los ojos, que se pronuncie. No dejemos que pase desapercibida la desaparición de una niña de 14 años que aún puede estar con vida.

Les pedimos a los medios de prensa que busquen, pidan explicaciones y difundan la situación. Y en particular, y muy especialmente, le pedimos al Presidente argentino Dr. Alberto Fernández y al canciller argentino, Ingeniero Felipe Solá,  que reclamen al Estado Paraguayo saber el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña residente desde hace muchos años en Argentina, alumna de secundario en Puerto Rico, Misiones (…).

Navidad en Paraguay: revolución y desaparición

 

El autor sostiene que la existencia del EPP revela la violencia sistemática de un Estado sobre los campesinos e indígenas, y de la inexistencia del Estado de Derecho en Paraguay, lo que amerita una profunda reflexión de parte de las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales del país; del propio EPP y del Estado colorado, a fin de alcanzar un acuerdo que le ponga fin a esta situación. En este contexto, y en el marco de un operativo militar llevado a cabo en la zona de Amambay hace aproximadamente un mes, fue secuestrada y desaparecida Carmen Elizabeth, una niña de 14 años, hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, ambos militantes del EPP presos desde hace muchos años.

POR ROCCO CARBONE*  / LA TECL@ EÑE)

En la saga de los golpes de Estado recientes en América Latina, Paraguay cuenta con el oscuro privilegio de haber sido el primer país del Cono Sur en descerrajar un golpe en 2012 en contra de un gobierno popular-reformista (el del ex obispo Fernando Lugo, N. del E.). Federico Franco, el Jeanine Áñez paraguayo, asumió la presidencia interina del país con un acto nítido, directamente proporcional al hecho golpista: la represión a la concentración popular que se estaba desarrollando en junio de 2012 en la Plaza de Armas de Asunción. Luego de su interregno, al contrario de lo que pasó hace poco en Bolivia, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado –con Cartes, el amigo de Macrì primero, y Abdo Benítez después–, que antes de 2008 había gobernado autoritariamente –escamoteando toda inclinación a sostener un sistema pluripartidario– a lo largo de seis décadas, con una dictadura de 35 años metida adentro: el stronato. De esto deriva que en Paraguay la democracia se haya reconstituido sobre la base de la violencia que significa un golpe a un gobierno popular y reformista.

Paraguay acaso sea el país más desigual del Cono Sur. El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 grandes propietarios (apenas un ejemplo: Tranquilo Favero, un terrateniente brasiguayo de matriz stronista, es el dueño de un millón de hectáreas de soja y factura unos 1500 millones de dólares al año) y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Además, en la medida en que la frontera de la soja avanza, amasa grandes capitales y arroja a la indigencia a las grandes mayorías: se trata de la expulsión de la población campesina. Estos breves ejemplos ponen el dedo sobre una evidencia: una exacerbada presión sobre la tierra. El Estado colorado se organiza sobre un modelo económico concentrador de la riqueza con consecuencias mortíferas en términos de desigualdad económica y social. A lxs desigualadxs el coloradismo les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: ejército, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración forzada (por eso mismo en Buenos Aires resuenan por la calle las vibraciones del guaraní). El movimiento campesino se resiste a la violencia del Estado colorado y al despojo de tierra por parte de los agroexportadores. Este sistema de cosas en la lengua nacional ha producido una frase socialmente estridente: “campesinado sin tierra”. Tan estridente porque el campesinado vive de la tierra, con la tierra y entonces esas pocas palabras en realidad significan otra cosa: “campesinado sin vida”. Denuncian el poder mortífero sobre un enorme conglomerado social: el movimiento campesino, sujeto para el cual la tierra es un espacio cultural: un espacio de conocimiento del ser humano, un espacio de vida que es espacio ecológico, un espacio social que es político y económico también. El movimiento campesino con la tierra desarrolla técnicas productivas de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. Esa tierra entonces para el movimiento campesino en verdad es un espacio filosófico del cual, en los últimos años, fueron arrancados como yuyos (esto es: desaparecidos), más de 200 militantes sociales campesinos.

El dolor paraguayo es resistido por un ejército revolucionario en pleno siglo XXI: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este aparente anacronismo debería ser motivo de una profunda reflexión cultural por parte de las fuerzas populares paraguayas, de parte de las organizaciones de derechos humanos, del sistema de partidos, de parte de una lengua reflexiva nacional y del presidente Abdo Benítez, quien debería escrutar con su gobierno las razones por las cuales en Paraguay existe en la actualidad un ejército revolucionario. La existencia del EPP habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia –cuando no inexistencia– del Estado de derecho real en Paraguay. Un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de los derechos humanos, a través de la violencia y la negación de la vida de los sectores populares. O incluso lo digo mal: emerge cuando el Estado entrena agentes de lucha por la Propiedad contra lxs que no tienen ninguna, ni siquiera la de su propio cuerpo en harapos; cuando a esos sectores se les niega el derecho a un pedazo de tierra, a un hilo de vida digna, cuando se les niega un hilito de educación y de salud, una pizca de ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capitales y negocios.

Por eso la emergencia del EPP, que opera en el territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ataque a la comisaría de Huguá Ñandú. Y mal seguirían haciendo las fuerzas populares paraguayas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, sus emergentes más emancipadores, y el propio Estado colorado en seguir considerando al EPP más un problema securitario que un emergente de una cuestión social acuciante. Sindicar al EPP como una organización criminal-terrorista y perseguirlo con las Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay –un órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir específicamente a lxs integrantes de esa emergencia revolucionaria– implica activar el signo securitario, que además en siete años no logró articular resultado significativo alguno, excepto el de ajusticiar y desaparecer a menores.

Entender al EPP como organización revolucionaria en lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo –las grandes mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas– implicaría reconocer una cuestión social de larga data en Paraguay. Es de incumbencia de la más alta reflexión de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales paraguayas, del propio EPP y del Estado colorado (que es responsable de su accionar) considerarla, con vistas a resolverla políticamente.

La consideración del EPP en tanto organización criminal-terrorista a combatir manu militari por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) produjo el 2 de septiembre el muy deshonroso resultado de dos niñas asesinadas. Dos niñas de once años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Los militares tomaron por asalto el campamento de la organización revolucionaria ubicado en Yby Yaú (Concepción) y ajusticiaron a las dos menores, quienes habían viajado a Paraguay para visitar a sus familias junto con Laura Villalba (madre de María Carmen y tía de Lilian) y su prima de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años. Posteriormente, las autoridades paraguayas presentaron a Lilian y María Carmen como integrantes del EPP y el propio presidente Abdo Benítez (fiel a su linaje: es hijo del secretario privado de Stroessner) encomió al operativo asesino con el calificativo de “exitoso en contra del EPP”.

“Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, apuntó desde su cuenta oficial de Twitter.

Las dos niñas eran sobrinas de la presa política Carmen Villalba, una de las mayores dirigentes del EPP, a quien en 2010 le asesinaron un hijo de doce años: Néstor Oviedo Villalba. Además de asesinar a las dos menores, hijas de militantes revolucionarios presos, el Estado infanticida paraguayo, hirió a la otra menor, Carmen Elizabeth (conocida cariñosamente como Licha), con una bala en la cadera. Licha quedó aislada junto a su tía Laura en medio de una zona parecida a una montaña maestra, ubicada entre Concepción y Amambay. El 23 de diciembre último, antes de la medianoche, en la zona de Cerro Guasú fue detenida su tía Laura Villalba. El operativo corrió por cuentas de Comando de operaciones de defensa interna (CODI) y la fiscalía la imputó en tanto supuesta integrante del EPP, por terrorismo, asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa y violación de la Ley de armas en contra, sin que el Estado paraguayo haya dado prueba a la opinión pública de la supuesta peligrosidad de Laura, quien ahora está encarcelada en un cuartel militar.

Según se consignó en una conferencia de prensa convocada en Buenos Aires por Nora Cortiñas ayer, sábado, por la mañana, Laura está siendo interrogada y hostigada psicológicamente. Pero la pura verdad de este operativo la expresó el capitán de navío Oscar Chamorro, jefe de las FTC en una entrevista de Radio Monumental del 24 de diciembre (https://monumental.com.py/la-lupa/24/12/2020/hermana-de-carmen-villaba-estuvo-en-el-ultimo-enfrentamiento-con-las-ftc/). Ahí el militar sostuvo sin pudor que Laura Villalba es “responsable” de ocuparse de los cuidados de los hijos de la familia Villalba, del “lazo familiar entre el número uno y el número dos de este grupo terrorista” y de “estar saliendo de una zona donde hubo un enfrentamiento”.

En Paraguay, como se ve, el Estado puede perseguir a alguien por ser hermana de y a partir del supuesto de pertenecer a una organización revolucionaria, contrabandeada por una lengua desaparecedora como “criminal”.

Con la detención de Laura nos enteramos también de que hace poco menos de un mes unxs campesinxs de Amambay vieron cómo un grupo de la FTC capturó a Licha. Desde entonces se desconoce su paradero. Las palabras de la lengua que usamos tienen el signo de un Estado que además de situarse dentro de la (ir)racionalidad infanticida, nos recuerda las más oscuras prácticas dictatoriales latinoamericanas. Se trata aquí menos del paradigma securitario llevado adelante por el Estado colorado que de una desaparición forzada. Estamos también frente a la lucha de una organización revolucionaria que repone el sentido vitalista de lxs condenadxs de la tierra paraguaya y latinoamericana. El Estado colorado debe ser desteñido a la mayor brevedad por las organizaciones sociales-populares, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos que defienden el valor indeclinable de la vida, para hacer de Paraguay y de nuestra América un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unxs pocxs sino la viga maestra de los asuntos comunes de todo un continente. Y mientras tanto una consigna inamovible, propia de una lengua libertaria: aparición con vida de Carmen Elizabeth.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2020.

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