TRIPLE A: La misteriosa muerte de Rovira, el último acusado

Colaboradores del juez federal Norberto Oyarbide informaron hoy que el único detenido en la causa “Triple A”, el suboficial mayor retirado Miguel Ángel Rovira, habría muerto hace dos semanas, el pasado 23 de julio, a causa de un aneurisma. Es el cuarto y último detenido en esa causa en fallecer, luego de Juan Ramón Morales, Felipe Romeo y Rodolfo Eduardo Almirón, lo que la deja al borde de la extinción.

En el juzgado de Oyarbide dijeron que Rovira tenía “más de 80 años” cuando no había cumplido 75, y también que la parca lo sorprendió cuando cumplía prisión preventiva sin aclarar que lo hacía en su chalet de la calle Pasco al mil… sin que hubiera la menor custodia en la puerta, lo que le permitía salir a piaccere.

Precisamente, el hecho de que Oyarbide lo beneficiara con la prisión domiciliaria fue motivo de gran disgusto de los familiares de las víctimas de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de una asociación de vecinos de San Cristóbal, que “escrachó” su domicilio en dos oportunidades.

El amplio y aparatoso despliegue de la guardia de infantería de la Policía Federal durante dichos escraches dejó claro que Rovira seguía gozando de la protección de la jefatura de la repartición, acaso porque, a diferencia del comisario mayor Morales, alías “El Chango”, y del inspector Almirón, alías “El Pibe” (ex jefes de las custodias del superministro José López Rega y de la Presidenta María Estela “Isabel” Perón) y sus subordinados, Rovira seguía en actividad cuando integró “en comisión” la custodia de López Rega y salía por las noches a asesinar opositores.

En cuanto al juez Oyarbide está íntimamente vinculado a la Policía Federal, de cuya universidad y academia es profesor. Sus vínculos son tan notorios que cuando todavía era secretario tenía su despacho casi íntegramente decorado con banderines, ceniceros, diplomas, pergaminos y hasta bastones o porras de la institución.

Además, y como es de público conocimiento, solía utilizar asiduamente a título gratuito los servicios de un lupanar llamado “Spartacus” que tributaba al comisario de la PFA Roberto Rosa. Quien, por cierto, en los años ’70 se hacía llamar “Clavel” en los centros clandestinos de detención dirigidos por la Policía Federal (conocidos como Club Atlético, El Banco y Olimpo), motivo más que suficiente para que en buena lógica hubiera debido excusarse de tramitar una causa, como la de la Triple A, organización de sicarios cuyo núcleo estaba integrado por policías federales y de la que es probable que Rosa/Clavel haya formado parte.

El pasado 14 de junio, la Cámara Federal porteña declaró nula una tercera prórroga en la prisión preventiva dispuesta por Oyarbide e instó al juez a terminar de una vez la instrucción de que a la mayor brevedad Rovira fuera sometido a un proceso oral y público. En esa ocasión, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler criticaron al juez por su «inexplicable pasividad» en el trámite de esta causa.

A pesar de ser en teoría suboficial escribiente, a mediados de los años ’60 Rovira ya era un experto en el uso de metralletas Pam y del fusil ametrallador Halcón, se había vinculado a Morales y Almirón y los había ayudado a eliminar a una serie de asaltantes y contrabandistas con los cuales antes habían estado asociados.

La misma metodología (cadáveres desfigurados por golpes, quemaduras y acribillados por armas de distintos calibres) habría de ser utilizada en la década siguiente con militantes de la izquierda peronista y no peronista con el obvio propósito de infundir el terror.

Rovira estaba acusado de haber intervenido personalmente al menos en diez asesinatos reinbindicados por las Tres A, entre ellos los del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el abogado Alfredo Curutchet, el ex sobreviviente del fusilamiento de los basurales de José León Suárez y ex subjefe de la policía bonanerense Julio Troxler, del intelectual Silvio Frondizi y su yerno, Luis Mendiburu, los periodistas Pedro Barraza y Carlos Laham y de un bebé, Pablo Laguzzi, hijo de Raúl, ex rector de la UBA.

Hasta que se reabrió la causa y poco antes de ordenarse su captura, Rovira había trabajado como jefe de seguridad de Metrovías, la empresa del Grupo Roggio que concesiona los subtes porteños.

Al informar con sugestiva tardanza de la muerte de Rovira, las fuentes del juzgado de Oyarbide dijeron que la causa continuará, aunque no tenga ya a nadie procesado. Se trata, apenas, de una figura retórica: Oyarbide jamás citó a prestar testimonio a los demás miembros de las nutridas custodias de Isabel Perón y López Rega a los que se presume miembros de la Triple A, y muchísimo menos a quienes integraban el grupo de colaboradores del entonces jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, de quien se presume era uno de los jefes de la Triple A.

La causa, la más antigua causa penal abierta de todas las que se tramitan en Argentina se inició en 1975 con la denuncia del abogado Miguel Ángel Radrizzani Goñi (hermano de monseñor Agustín Radrizzani, arzobispo de Mercedes-Luján) y ese mismo año adquirió gran impulso por la denuncia de uno de los organizadores de las escuadras de sicarios, el teniente retirado Horacio Salvador Paino.

Paino aportó una foto suya con Rovira, a quien describió como «un policía que lleva encima 27 muertes y todas las svásticas y adornos nazis que encontró» y  describió detalladamente la organización que se había conformado, dijo, bajo las órdenes de López Rega y de quien era entonces el jefe de prensa del Ministerio de Bienestar Social, el periodista Jorge Conti. Paino señaló como jefes de sendas escuadras asesinas al entonces titular de la llamada Juventud Peronista de la República Argentina, Julio Yessi, y el director del semanario fascista “El Caudillo”, el italiano Felipe Romeo.

Hasta hora, ni Conti ni Yessi fueron molestados por la perezosa investigación encabezada por Oyarbide. El juez tampoco se centró en la que fue la mayor matanza cometida por la Triple, la llamada Masacre de Pasco, el secuestro y asesinato de nueve militantes peronistas de Lomas de Zamora el 21 de marzo de 1975 y la voladura de los cuerpos en un baldío de Almirante Brown, crimen cuya investigación puede salpicar al entonces intendente Eduardo Duhalde y/o a alguno de sus principales colaboradores.

En cuanto a Romeo, se supone que era el hombre sumamente enfermo de Sida que fue dejado por manos anónimas en la guardia del Hospital Fernández en enero de 2009 y que falleció sin pronunciar una sola palabra.

Sin embargo, el cadáver permaneció más de un año en las cámaras frigoríficas de la morgue del citado hospital sin que su familia lo retirase, lo que hizo surgir sospechas de que acaso el cadáver no fuera el suyo.

Del mismo modo, el tardío anuncio del supuesto fallecimiento de Rovira fomenta todo tipo de sospechas. Parece elemental que debe hacérsele una autopsia y pruebas de ADN, de modo de verificar que efectivamente se trate de él.