AYSA – PRIVATIZACIÓN: Otro desfalco monumental, obsceno robo al patrimonio común
No hay vida sin agua. El gobierno de Milei nos la ha quitado para entregársela sus amigos a un precio vil. Ergo: nos está quitando vida. Menos mal que hasta ahora no encontró la manera de dosificar y tarifar el aire.
La ingeniera María Eva Koutsovitis (titular de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA) expuso en el Congreso de la Nación el pasado 22 de septiembre las consecuencias de privatizar Aysa (Agua y Seneamientos Argentinos S.A.) la empresa estatal que abastece a 15 millones de personas en CABA y 26 municipios del Gran Buenos Aires.
Aysa es una empresa hasta ahora estatal superavitaria ya que registró una ganancia neta superior a los $60.000 millones en 2024 y más de $22.000 millones en 2025.
¿Por qué privatizarla entonces? Máxime cuando ya se hizo en la década de los ’90 lo que redundó en un servicio pésimo y un vaciamiento la que obligó al Estado a rescatarla.
El Gobierno de los Milei acaba de vender el 90% de las acciones de Aysa (que tiene una red de 27.000 km de agua y 19.000 km de cloacas) por U$D 430 millones, sin que haya habido tasación oficial, ni de activos ni de pasivos.
El propio gobierno a través de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) a cargo del plan de privatización de las empresas del Estado, estimó que AySA vale, como mínimo, 500 millones de dólares.
Como la privatización de Transener, la de Aysa puede ser considerada un robo descarado del patrimonio público y su apropiación por parte de amigos de los hermanos Milei y los Caputo.
El consorcio compuesto por Rowing S.A., Transclor (de Mauricio Filiberti), Arcos Saneamiento y el fondo neerlandés PHX Aqua ofertó USD 340,2 millones, superando la propuesta del Grupo Roggio (USD 285 millones.
La privatización pone en peligro la salud. Escuchen a Koutsovitis, no tiene desperdicio.
Recapitulando:
El DNU 493 y riesgo sanitario: Habilita cortes de suministro por falta de pago, indexación periódica y flexibiliza parámetros de calidad del agua, eliminando controles sobre cianuro y bacterias como la escherichia coli.
Metas de expansión paupérrimas: El nuevo contrato de concesión prevé apenas un 0,8% de expansión de agua y un 0,9% de cloacas en cinco años, abandonando a los barrios populares y reabriendo la puerta a litigios en el CIADI.
Invertir en agua y cloaca es salud pública: por cada dólar destinado a redes se recuperan entre 2,5 y 8,2 dólares en el sistema sanitario. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, no una mercancía para unos pocos.
