La ofensiva del eje Israel-Estados Unidos no se limitó a la Argentina, para que el gobierno cipayo y lacayo de Mauricio Macri proclamara sin contar con la menor evidencia que Hezbolá es una organización terrorista que habría sido la responsable de los bombazos que demolieron la embajada de Israel y la AMIA y mataron a más de cien personas. También se desató (como advertimos aquí hace más de un año) sobre un Panamá que desde el asesinato de Omar Torrijos y  la invasión yanqui de diciembre de 1989 ha vuelto a ser en la práctica poco más que un protectorado de los Estados Unidos.

La razón es sencilla. Desde un primer momento, el jefe de la estación de la CIA en Beirut vinculó el ataque a la AMIA con el derribo por una bomba de un avión en Panamá, ocurrido al día siguiente, atentado al que me referí extensamente en mi libro Narcos, banqueros y criminales.

Un cuarto de siglo después, la ofensiva israelí acaba de lograr que la dócil justicia panameña reabra el caso con el claro objetivo de endilgárselo a Hezbolá. El procedimiento parece calcado al que se utilizó en el caso de la AMIA, donde se inventó un presunto suicida libanés, Hussein Ibrahim Berro, que nunca piso la Argentina y que según sus hermanos, radicados en los Estados Unidos, había quedado tullido por un bombardeo israelí al sur del Líbano y que murió a causa de otro bombardeo, antes de que la AMIA fuera atacada.

Las fake news son un nuevo nombre para algo tan viejo como el mundo. A fin de dejar claro el embeleco sionista, y antes de ofrecerles los links a los bulos e infundios propalados hoy por la Televisora Nacional (privada) de Panamá, les ofrezco el capítulo referido al derribo del avión de la compañía Alas Chiricanas tal como fue publicado en la 3ª edición del Narcos….

Respecto a lo emitido por la TVN-2 panameña, destaco que en el segundo video el ex director de la policía panameña, Ebrahim Asvat, bate la justa.

Vamos con lo publicado en Narcos, banqueros y criminales:

Partido en dos

 

Ese mismo martes 18 de julio por la tarde, cuando en Panamá ya pasaban de las 17 horas, un avión Bandeirantes de la compañía Alas Chiricanas, que acababa de decolar del aeropuerto France Field, en la ciudad atlántica de Colón, explotó en el aire.

El bimotor turbohélice cumplía el vuelo HP-12012 hacia el aeropuerto de La Paitilla, en la capital del país, donde estaba previsto que aterrizara en escasos minutos. Eran aproximadamente las 16.30 y apenas había recorrido seis kilómetros cuando una explosión lo partió en dos. Los restos de la nave fabricada por la brasileña Embraer, así como los de sus veintiún ocupantes, quedaron esparcidos en un radio de 400 metros de la Sierra Llorona, Santa Rita, comunidad de Aguas Claras, departamento de Colón.

De los veintiún muertos, tres eran tripulantes, y doce, ricos empresarios judíos que vivían en la ciudad de Panamá pero solían acudir a diario a la zona franca de Colón, el lugar donde se reaprovisionaban de las más variadas mercaderías las tripulaciones de los barcos que atravesaban el canal de Panamá rumbo al Pacífico y viceversa. Un paraíso del contrabando que desde hacía ya casi un lustro, cuando el país fue invadido por los Estados Unidos, estaba bajo el control de los invasores.

Entre los empresarios judíos que acostumbraban regresar a casa en avión se encontraba Saúl Schwartz, el dueño de Simar Joyeros, el mismo cuyo poder lo había exceptuado de la orden de captura cursada a través de Interpol por la justicia italiana el pasado mes de enero.

El  entonces presidente electo de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, dijo en una entrevista que la CNN emitió el 20 de julio que el aparato había sido objeto de un atentado con bomba: «Según las informaciones objetivas de que disponemos, no se trató de un accidente, sino de la colocación de una bomba en el interior del avión».

“Schwartz fue secuestrado por unos desconocidos el año pasado, en un caso en el que fue relacionado con el lavado de dinero procedente del Cartel de Medellín (sic), según se desprendió en su tiempo de unas investigaciones llevadas a cabo por la DEA (la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos) y la policía italiana”, escribió el corresponsal de El País en México, Fernando Orgambides.

Bajo el subtítulo “Asuntos turbios”, continuó escribiendo: “… Saúl Schwartz no es el único miembro de su familia que se ha visto involucrado en asuntos turbios. Su primo Aarón, también vinculado al negocio de la joyería, salió ileso hace dos meses de un atentado con bomba. La Policía panameña inició diligencias entonces, pero pronto se corrió un tupido velo sobre el caso y jamás se volvió a hablar del origen de este atentando. No obstante, siempre se especuló con que estuvo relacionado con el narcotráfico. La Embajada de Israel en Panamá confirmó ayer que 12 de los 19 ocupantes del aparato son judíos y que cuatro de ellos residen en Israel. La comunidad judía del país caribeño, (está) muy alterada por el atentado del pasado lunes contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires…”.^[1]

El mismo FBI que había evitado que Schwartz resultara arrestado, publicitó que había una recompensa de dos millones de dólares para el que ofreciera datos que permitieran identificar a los asesinos. Respecto a éstos, lo único que pudo establecerse fue que el explosivo utilizado había sido Semtex y que había estado adentro oculto dentro de un aparato de radio… igual a lo que había sucedido en Lockerbie.

El Semtex es el nombre más habitual del hexógeno, el explosivo más utilizado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Suele comercializarse como C-4, ciclonita y otros nombres. Y era el explosivo preferido de Monzer al Kassar^[2].

Como el explosivo había estado en un maletín tipo “attaché” que portaba uno de los pasajeros fallecidos, un supuesto libanés llamado Lya Jamal y, más precisamente, en un aparato Motorola P-500 que estaba adentro de aquél maletín y que al parecer Jamal había encendido, no faltó quien proclamase que se había tratado de un kamikaze.

Reivindicaciones

Tal como había sucedido en ocasión del atentado a la embajada de Israel, después del de la AMIA no hubo una reivindicación rápida, por escrito y convincente, como suelen hacer las organizaciones terroristas, deseosas por lo general de “firmar” sus hazañas.

A las 12.30 del mismo 18-J una voz masculina llamó a Radio Mitre y reivindicó el ataque en nombre de un desconocido “comando islámico”. No resultó creíble, pero a pesar de ello y aún más rápido de lo que había ocurrido luego del atentado contra la embajada de Israel, las acusaciones a Hezbolá (y, en última instancia, como instigador, al gobierno de Irán) fueron automáticas. Sin embargo, un ex ministro del Líbano residente en París, consultado por el corresponsal de Página/12, Eduardo Febbro, reveló no creer en esta relación causa-efecto. “En casos como estos –explicó– el Estado víctima de los atentados casi nunca es inocente. Cuando las acciones se repiten es por que hay en curso un chantaje, una negociación en suspenso o una crisis internacional en la que ese Estado esta inmerso”.

También desde París, expertos en contraterrorismo árabe manifestaron que si los autores hubieran pertenecido a Hezbolá, tal como se decía en Buenos Aires, habrían reivindicado el bombazo “en la sede de las agencias que se encuentran en la región, en este caso ante las oficinas de AFP o Reuters en Beirut, o bien mediante una carta perfectamente identificable remitida desde el mismo lugar”. Estos expertos también estimaron que “nadie comete un atentado semejante sin contar con una red local perfecta”.

El mismo Febbro entrevistó años después, en 1998, a May-Chartuni Du Barry, la “gran especialista en Relaciones Internacionales” del Instituto Francés de esa materia, quien se había especializado, precisamente, en Hezbolá, el “Partido de Dios” libanés. Lo primero que aclaró Du Barry es que Hezbolá  “no es proiraní como se dice” y que el Líbano, invadido por Siria, no era un país “plenamente soberano”, sino un “Estado fantasma, ficticio y virtual” donde “Siria es el actor político número uno” y el “interlocutor para cuestiones de terrorismo”. Du Barry insistió en que “Hezbolá no perpetra ningún atentado (…) sin el aval sirio”.

Haya sido el jefe de la SIDE durante los gobiernos de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, su protegido el juez Juan José Galeano o, lo más probable, el canciller Guido Di Tella, alguien le pidió al embajador Marcelo Huergo que averiguara quién estaba detrás del ataque a la AMIA. Huergo, a quien el gobierno del presidente Fernando De la Rúa nombraría  director de Contraterrorismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego embajador en Irlanda, acababa de abandonar Beirut tras haber sido embajador en el Líbano y había sido nombrado embajador en Túnez. Ni lerdo ni perezoso, se puso en contacto con la estación de la CIA en Beirut. Tras consultarlo con la dirección de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), el station chief le informó que la que se jactaba de estar detrás del ataque de Buenos Aires… y del de Panamá era una facción que había perdido la lucha por la hegemonía en Hezbolá.

Diez días después del bombazo, Galeano recibió una nota del director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Mariano Maciel^[3]. Entre otras cosas, Maciel le informó de las exitosas gestiones hechas por Huergo. “Una fuente confiable de inteligencia de un país occidental”, dijo, utilizando un manido eufemismo para no nombrar a la CIA,  luego de consultar con “sus contactos palestinos” (otro eufemismo, esta vez para no mencionar a la OLP) le había asegurado que el atentado contra la AMIA era “resultado de una lucha interna por el control de Hezbolá”.

Las fuentes palestinas de la CIA informaban, concretamente, que la autoría del atentado no era del tronco principal de Hezbolá, sino de la facción que había perdido la lucha interna (esto es, la dirigida por el jeque Sobhi T’faili, quien había sido secretario general de Hezbolá desde su creación, en 1982, hasta 1987) la que buscaba «desplazar de la secretaría general del movimiento» a Hassan Nasralá. Según estas fuentes, esta facción  necesitaba «demostrar a sus patrocinadores iraníes que tenía capacidad operativa para hacer operaciones de envergadura, para lo cual había  escogido dos blancos, uno en Buenos Aires y un avión en Panamá».

Alas Chiricanas

Durante casi nueve años y a pesar del expreso pedido que el autor realizó en 1998, Galeano no hizo nada con esta información. Pero en marzo de 2003, viéndose perdido, cursó un exhorto a la justicia panameña pidiendo la reapertura de la causa del derribo del avión de Alas Chiricanas. Remitió entonces una copia del legajo nº 278, en el que había recopilado las pocas noticias relativas al tema y planteó que ambos atentados habían sido reivindicados el 23 de julio de 1994 en un mismo comunicado por la ignota organización Ansar Allah, un nombre de fantasía.

“Lo que ha sucedido en la Argentina y Panamá no se paralizará sino que continuará donde quiera se encuentre el sionismo hasta eliminarlo, y hasta que impere la justicia en el mundo y se aplique la legislación islámica en todas partes», recordó Galeano que rezaba (es un modo de decir) aquel comunicado que, por lo visto, se había difundido en aquellas fechas en Panamá o váyase a saber en qué otras latitudes, pero al que nadie le había llevado el apunte en la Argentina.

Galeano también recordó que en el avión panameño había muerto un hombre que llevaba documentos a nombre del ciudadano libanés Lya Jamal, quien habría detonado el artefacto explosivo, inmolándose. Y bolaceó que, oh casualidad, en el atentado de Buenos Aires (en el que ni siquiera había podido acreditar la existencia indubitable de un vehículo-bomba) también se había llegado a la conclusión de que había existido un conductor suicida.

El juez acompañó el pedido de reapertura de dicha causa con una copia de lo que pomposamente tituló “Resolución internacional”: el pedido planetario de detención de catorce diplomáticos iraníes, basándose en una serie de suposiciones que le había acercado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tras refritar documentos de la CIA, el FBI y el Mossad. Pedido sobre el que se tenderá aquí un piadoso manto de silencio ya que la Asamblea Anual de Interpol lo consideró carente del mínimo rigor y sustento, papelón que salpica al entonces canciller Rafael Bielsa, quien –a fin de no malquistarse con Israel y los Estados Unidos– lo refrendó.

Al comenzar 2004, la justicia de Panamá anunció que en respuesta al pedido de Galeano había reabierto el caso del vuelo de la desaparecida compañía Alas. La noticia fue dada el 2 de enero por Maritza Royo, titular de la Fiscalía Primera Superior. Soplaban nuevos aires, renovadores: antes de que terminara el año Martín Torrijos, hijo del estadista asesinado, iba a ganar las elecciones y asumir la presidencia.

Ya en el 2001 y al dar la noticia de que el gobierno de Panamá había decidido aumentar la recompensa para quien ofreciera información que permitiera detener a los asesinos de dos a cinco millones de dólares, la fiscal Royo había adelantado que el expediente judicial acumulaba diez cuerpos, con unas 5.000 páginas, y que de su atenta lectura podían descartarse hipótesis traídas de los pelos (como la pretensión de responsabilizar a vascos de la ETA) e incluso la del atentado antijudío y, en cambio, se había robustecido la de que el crimen se había cometido para matar a una sola persona.

Concretamente, Royo había dicho que en se había podido “recopilar información de valía” con la que se había “fortalecido la hipótesis de que el objetivo fue uno de los pasajeros y no un atentado antisemita”^[4].

Tres atentados, un mismo patrón

Cuando Royo adelantó la reapertura del caso, se hizo público que aquella “información de valía” se relacionaba con las evidentes similitudes que se habían encontrado entre el derribo del avión de Alas Chiricanas y el de un Boeing 727 de Avianca a fines de los años ’80, ataque en que habían muerto 107 personas, seis tripulantes y 101 pasajeros.

La fiscal se refería al avión que cumplía el vuelo HK-1803 y que explotó a poco de decolar del aeropuerto de Bogotá el 27 de noviembre de 1989, esparciéndose sus restos en un enorme radio de la meseta de Cundinamarca. Un crimen horroroso que, ya está probado, llevó el sello del Cartel de Medellín, fue ordenado por Pablo Escobar y materialmente organizado por su sicario más (tristemente) célebre,  Dandeny Muñoz, alias “La Quica”, quien purga una condena a prisón perpetua en los Estados Unidos. El objetivo del atentado fue el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien había reemplazado al anterior candidato liberal a la presidencia del país, Luis Carlos Galán, al que Escobar había hecho asesinar a tiros en agosto porque había prometido extraditar a los narcotraficantes a los Estados Unidos. En plena campaña electoral, el jefe de la custodia de Gaviria –que algo sabría o intuía– lo conminó sin éxito a no subir al avión escasos minutos antes de que despegara.

Una de las similitudes evidentes entre ambos atentados es que todo indicaba también en Panamá que el crimen había sido ordenado por narcotraficantes. Otra, que el explosivo utilizado fue Semtex, es decir, hexógeno. Pero, sin duda, lo más importante es que había podido establecerse que en Colombia “se usó a un joven con debilidades mentales pero adiestrado para que subiera al avión con un maletín, y una vez adentro de la aeronave activara una grabadora que detonó la carga explosiva”^[5].

Nadie reclamó el cadáver del supuesto opa embarcado como Lya Jamal, identidad que se reveló falsa y que debió tratarse de un indigente, alguien sin familia y/o lelo. Porque en Panamá no podía usarse altímetro, ya que el trayecto era muy corto y el pequeño avión en ningún caso cobraría altura, por lo que era imprescindible encontrar a alguien a quien darle un radiograbador y un pasaje de avión y pedirle que encendiera el aparato una vez en viaje, para escuchar váyase a saber qué. Como haya sido, la hipótesis del suicida se había desplomado. Hasta el punto de que, por no creer en ella, no la cree ni la familia de Saúl Schwartz^[6].

Pero eso no es todo. Establecido el parentesco entre el derribo de Panamá con el de Bogotá, todavía quedaba lo más alucinante: según un documento de la Comisión Republicana de Investigación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que lleva la firma del representante Yossef Bodansky (uno de los más conocidos lobbistas de Israel y vocero habitual de las posiciones de su complejo militar-industrial) y del experto analista Vaughn S. Forrest, documento que integra el voluminoso expediente judicial tramitado por el atentado a la AMIA por duplicado^[7], la investigación abierta por el derribo del Boeing de Avianca “descubrió que la bomba utilizada era del tipo de las armadas en Medio Oriente a base de Semtex, y que el detonador era similar al usado para derribar el vuelo 103 de Pan Am” sobre Lockerbie.

Dicho de otro modo: si no los autores materiales, al menos el know-how, la “firma” de los tres atentados: el de Lockerbie, el de Bogotá y el de Colón, había sido la misma.

Notas:

[1] “21 muertos al estallar en pleno vuelo un avión panameño en el que viajaban empresarios judíos”, por Fernando Orgambides, en la edición del 21 de julio de 1994 (http://elpais.com/diario/1994/07/21/internacional/774741619_850215.html)

^[2]  Basándose en documentos emitidos por la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria de España, el fiscal suizo Laurent Kaspar-Anserment acusó formalmente en 1996 a Al Kassar de comprar una partida de hexógeno fabricado en España valiéndose de una falsa identidad. El hexógeno, pudo averiguar el fiscal, había sido fabricado por Explosivos de Alicante (Expal) y comprado en 1990 por la firma Cenrex Trading Corporation Ltd. de Varsovia. Kaspar-Anserment descubrió que el supuesto presidente de ésta, Monzer Galioun, no era otro que Al Kassar. El exógeno nunca fue enviado a Croacia, tal como figuraba en los documentos –explicó Kaspar-Anserment– sino triangulado hacia Siria bajo la forma de sacos de café y azúcar, desde donde en 1991 unas doscientas toneladas fueron reexpedidas en barco hacia Buenos Aires.

^[3] Maciel fue eyectado del Ministerio de Relaciones Exteriores a pedido del presidente Néstor Kirchner cuando se descubrió que cajoneaba pedidos de extradición cursados por Francia para el ex marino Alfredo Astiz, secuestrador de dos monjas francesas, Leomie Diquet y Alice Domon, que fueron arrojadas con vida desde un avión en el Río de la Plata.  Se dedicó luego, como abogado, a defender a su amigo Galeano ante el Consejo de la Magistratura que lo removió de su cargo por haber ocultado, destruido y aun inventado evidencias.

^[4] “Sigue con mucha niebla el atentado terrorista. Han pasado nueve años y el expediente sigue creciendo”, por Florencio Gálvez en Critica (portal.crítica.com.pa/archive/07212003/suc10.html)).

^[5] “Investigan vínculos entre atentado de Alas y caso AMIA. Nuevas evidencias indican que la organización Ansar Allah (Los Leales a Dios) se atribuyó ambos hechos”, por José Otero en el diario La Prensa de Panamá del 3.1.04 (impresaprensa.com/investigan-vinculos-atentado-ALAS-AMIA_o_1097140354.html)

^[6] Al pedir a mediados de 2003 que lo ocurrido se aclarara en salvaguarda del buen nombre y honor de su hemano, Arnold Schwartz (nacido y criado en Panamá pero radicado en Israel) dijo que aunque no había duda de que el pasajero embarcado como Lya Jamal llevaba consigo el explosivo, estaba “seguro” de que inmolarse no había sido su objetivo sino que “probablemente” quisiera “hacerlo estallar contra la comunidad judía en Panamá o trasladarlo hacia Sudamérica”. Véase “Piden esclarecer el caso Alas, por José Quintero de León, en La Prensa del 22/07/03.

^[7] Sendas traducciones del documento –cuyo título en la versión española es “Fuerza de Tareas sobre Terrorismo & Guerra No Convencional”–, están incluidas en el expediente  y presentan algunas variaciones entre sí… seguramente a causa de que señala, entre otras inconveniencias, que el atentado de la AMIA fue organizado por un supuesto oficial iraní largos años residente en Buenos Aires de apellido similar al del jeque Sobhi T’faili; que “los elementos más poderosos y reconocidos de Argentina estuvieron directamente involucrados en brindar apoyo a quienes perpetraron el ataque” a la AMIA  y que “hubo agentes sirios de alto rango en el entorno inmediato del presidente argentino” que colaboraron con los terroristas.

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Nota actual: El ex secretario general de Hezbolá desde su fundación en 1982 hasta 1987 fue el jeque (sheik) Sobhi Tufaili, señor feudal del Valle de la Bekaá  cuya capital es Baalbeck. Tufaili, un traficante de drogas asociado enonces a Monzer al Kassar y Rifaat al Asad, hermano del presidente sirio, se opuso a la transformación de Hezbolá en partido político. En enero de 1998 fue corrido a tiros de Baalbeck por fuerzas conjuntas de Hezbolá y el ejército regular libanés, y desde entonces, dicen las malas lenguas, está financiado por Arabia Saudita.

Ahora si, lo emitido por la televisión panameña: Obsérvese que ya de movida son imprecisos. Afirma que el avión había despegado del aeropuerto de La Patilla que es a dónde se dirigía y no llegó.

https://www.tvn-2.com/videos/noticias/Nuevos-elementos-salen-relucir-Alas_2_5352984719.html

https://www.tvn-2.com/videos/noticias/Nuevos-elementos-salen-relucir-Alas_2_5352984719.html

¡Que les aproveche!!