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BOLIVIA: El sistema de salud colapsa en medio de dos epidemias: dengue y coronavirus

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Es el precio que se paga por desmantelar y perseguir a médicos y paramédicos cubanos, así como a los bolivianos formados en Cuba, para satisfacer requerimientos de EE.UU.

 

Más de 700 médicos y paramédicos cubanos fueron forzados a abandonar Bolivia.

POR ERNESTO ETERNO

El sistema de salud y su escudo epidemiológico está quebrado: el gobierno golpista de Bolivia a través del ministerio del sector enfrenta dos epidemias al mismo tiempo, dengue y coronavirus, y no tiene capacidad para resolver ninguna de ellas. Tiene pendiente además el combate a una tercera enfermedad, regionalizada en el norte de La Paz, llamada arenavirus, enfermedad que produce fiebre hemorrágica con consecuencias letales si no se diagnostica y trata oportunamente.

El riesgo de ingreso del corona virus ha crispado al régimen al extremo de que la Canciller Karen Longaric planteó la posibilidad de cerrar las fronteras como una medida radical para evitar infiltraciones epidémicas en el país sin tomar en cuenta que el coronavirus tiene la mala costumbre de ingresar por los aeropuertos porque viene de muy lejos.

Por su parte, el ministro de obras públicas, Iván Arias Durán, sustituyó grotescamente al ministro de salud, Aníbal Cruz, y se puso a explicar en presencia de éste el uso de un escaner de temperatura corporal con rayos infrarrojos, donado por el gobierno chino. La usurpación de funciones se ha hecho costumbre entre los golpistas. Así, el ministro Murillo se acostumbró a enmendarle la plana en público a la presidenta de facto, Jeanine Añez.

Creyeron los golpistas que la mal llamada “transición y pacificación” desembocaría en una luna de miel que los llevaría a celebrar una victoria electoral en mayo próximo. Subestimaron los problemas que afronta Bolivia, en particular los relacionados con la salud pública.

El sistema de salud pública en general y el escudo epidemiológico en particular fueron trabajosamente construidos a lo largo de más de una década, pero resultaron abruptamente demolidos por una administración golpista que los devastó considerándolos un botín de guerra.

Once millones de bolivianos están a expensas de la improvisación y la escandalosa ineptitud de un ministerio de salud que ha perdido toda capacidad de enfrentar la actual crisis que se expande a lo largo y ancho del país. En el caso de la epidemia del dengue la situación no puede ser más atroz. La enfermedad está causando estragos en la región oriental del país cuyas estadísticas de mortandad, principalmente de niños, están siendo manipuladas por el gobierno nacional, por varios departamentales y son encubiertas por los medios de comunicación. La investigación del corresponsal boliviano Javier Aliaga para un medio francés (El dengue se ensaña con los niños, France24.com) fue silenciada por el oficialismo debido a la escandalosa estadística de niños enfermos y muertos en la capital oriental.

Se estima que más de 30 personas fallecieron ya a consecuencia de esta enfermedad, la mayoría niños y personas de la tercera edad. La ciudad de Santa Cruz es la más afectada, a la que siguen Trinidad, capital del Beni, y Cobija, capital de Pando. Entre las tres suman dos terceras partes de la geografía nacional, tienen sus hospitales colapsados con centenares de enfermos que no acceden a los medicamentos y no cuentan con suficiente personal profesional. El Deber, un periódico conservador, denunció que existen decenas de pacientes tirados en las calles adyacentes a los hospitales del Plan 3.000 y Villa 1° de mayo esperando durante más de 8 horas que los atienda («Pacientes de dengue esperan en las aceras más de 8 horas por atención en salas hacinadas», ED, 16 febrero de 2020). El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, advirtió que el departamento enfrenta una “epidemia explosiva” que está fuera de control. Tan fuera de control que el propio ministro Anibal Cruz, ratificó la información del funcionario departamental y aseguró que el dengue sería controlado recién en junio, pero no por la eficiencia de su ministerio sino por la llegada del invierno.

De acuerdo a la información proporcionada por la prensa, Santa Cruz registra una epidemia explosiva con más de 3.000 casos confirmados y alrededor de 30.000 afectadas, calculándose que en los próximos dos meses la población afectada podría sobrepasar los 60.000 enfermos, una verdadera catástrofe humanitaria. Pero eso no es todo, el sistema nacional de salud en general está virtualmente en crisis profunda debido a la falta de transferencias y pagos, déficits de ítems y falta de medicamentos que está poniendo en riesgo la salud de la población además de la falta de coordinación entre el sistema nacional y los gobiernos regionales y municipales.

Respecto a la epidemia del coronavirus, hasta el momento no existe ninguna evidencia de su ingreso a Bolivia a pesar de presentarse un caso que se encuentra en observación y en un primer análisis habría dado negativo. No obstante, la falta de condiciones adecuadas para enfrentar esta pandemia es deplorable. No se cuenta con equipos ni personal adecuado en los puntos críticos –fronteras, terminales de buses internacionales o aeropuertos– o, peor aún, los recursos tecnológicos elementales o un sistema de alerta temprana que permita aspirar a contener la pandemia. El solo anuncio del presunto caso en diagnóstico disparó el miedo y el pánico en la población al punto de agotar todo el stock de barbijos en la red de farmacias privadas en menos de 6 horas.

El problema de fondo no está en las fallas heredadas del sistema de salud del gobierno anterior, sino en la dependencia y sumisión ideológica al extranjero, y en las decisiones políticas de régimen actual, que arrojó el sistema de salud al precipicio. El ministerio de salud y su titularidad fueron entregados al Colegio Médico de Bolivia en condición de botín por su papel en las protestas callejeras que finalmente condujeron al golpe y a la renuncia de Evo Morales el pasado mes de noviembre.

Bajo la batuta marcial de la embajada de los Estados Unidos, los ministros de salud y comunicación, Anibal Cruz y Roxana Lizárraga, durante más de un mes dedicaron toda su atención, trabajo y recursos a la búsqueda de pruebas o evidencias acerca de presuntas actividades de inteligencia que habría desarrollado la brigada médica cubana, desentendiéndose de sus tareas específicas. En lugar de asumir sus responsabilidades específicas en favor de la población, se embarcaron en políticas que buscaron satisfacer a un gobierno extranjero. Dejaron de informar sobre la gestión de la transición y de poner el ministerio de salud a disposición de quienes necesitan atención médica.

Durante un tercio de su gestión recorrieron el país entero denunciado la injerencia política e ideológica cubana en el sistema de salud sin mostrar una sola prueba. Denunciaron cobros millonarios por los servicios de la brigada médica y el pago de jugosos sueldos que presuntamente habrían recibido los médicos cubanos así como gastos diarios dispendiosos. Todo un arsenal de mentiras prefabricadas deliberadamente con el ánimo de lastimar la reputación solidaria del pueblo cubano que entrega lo poco que tiene y no lo que le sobra.

Insisto: Las autoridades del régimen actuaron con saña digna del peor de los fascismos desplegando una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana, alineados a los mandatos que proceden de las entrañas oscuras de USAID, cuya política es precisamente desacreditar el internacionalismo solidario y altruista del pueblo más asediado del mundo y bloqueado con crueldad genocida. Se llegó incluso a incitar mediante los medios de comunicación a la violencia contra el personal extranjero con acusaciones falsas y detenciones arbitrarias y sin debido proceso.

Por decisión de Palacio de Gobierno, que a su vez obedeció disposiciones del gobierno de los EEUU, se dispuso que Cancillería proceda a la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, se expulse al cuerpo médico cubano, se allane la clínica del colaborador violando flagrantemente la Convención de Viena, se suspenda todas las atenciones médicas a lo largo y ancho del país y se rompan contratos o convenios de cooperación y servicios médico-científicos. La consecuencia de este aberrante sometimiento al mandato extranjero dejó inermes a millones de bolivianos que han dejado de recibir la atención médica básica en capitales de departamento, ciudades intermedias, pero sobre todo en las comunidades rurales indígenas y campesinas. Suspender esos servicios médicos para la gente más pobre del país ha significado un verdadero crimen de lesa humanidad.

Un grupo de médicos deportados al llegar a Cuba procedentes de Brasil.

En los casi 200 años de vida del país, ningún gobierno del mundo fue tan solidario con el pueblo boliviano como el pueblo cubano. Bastaría solo recordar los datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para darnos cuenta de la magnitud de la cooperación social que nuestro país recibió en 14 años a cambio de nada y que por decisiones imperdonables y manipuladas dejamos de recibir. El MINREX textualmente informa que “la cooperación médica con Bolivia se inició en 1985 con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos. Desde el año 2006 hasta el año 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de doscientos millones de dólares anuales, lo que incluyó equipamiento médico, medicamentos, insumos y material gastable, sostenibilidad de la brigada cubana, la transportación aérea de los colaboradores y los gastos en equipos médicos. Desde esa fecha, teniendo en cuenta la favorable situación de la economía boliviana, este país asumió los gastos de la prestación de los servicios médicos pero jamás transfirió un dólar a Cuba ni esta recibió ingreso alguno. Simultáneamente, se graduaron en medicina en nuestro territorio 5.184 jóvenes bolivianos, totalmente a expensas de la parte cubana. Ninguna de las autoridades de facto ha reconocido que, como resultado de la consagración y la conducta profesional y estrictamente humanitaria del personal de salud cubano, cuyo 54% era femenino, se ofrecieron en ese hermano país 77 millones 330 mil 447 consultas, se realizaron 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas, se asistieron 60 mil 640 partos, se aplicaron 22 mil 221 vacunas y se hicieron 508 mil 403 cirugías oftalmológicas, servicios de los que ha sido desprovisto el pueblo boliviano desde la salida de nuestros colaboradores de la salud”.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, en el que Bolivia enfrenta esta doble epidemia, dengue y coronavirus, es si el ministerio de salud, satélite político de la embajada americana, será capaz de enfrentar semejante desafío. La eficiencia con la que se sometieron a tareas políticas indignas parece inversamente proporcional a su capacidad de preservar la vida de nuestros compatriotas. No les ha sido suficiente llevar a cabo verdaderas «masacres blancas» en el Ministerio de Salud y condenar a cientos de médicos formados en el extranjero a la informalidad profesional.

En estas condiciones, cada muerte que pueda ocurrir como consecuencia del dengue o el coronavirus tendrá un claro responsable: el régimen golpista que le rinde culto a la muerte y un ministro de Salud sometido a tareas abyectas e indignas.

La política de salud, en manos del Colegio Médico de Bolivia, está enferma.. Hasta sus aliados más cercanos cuestionan el desempeño del gobierno nacional. El Secretario General del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, cuestionó la falta de ítems e insumos médicos y advirtió al régimen que o bien atiende a las demandas del sector o expresaran su protesta en las calles. Más claro, agua.


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