Son días refundacionales para el negocio energético que nació con las privatizaciones de tres décadas atrás. José Luis Manzano le jura a Marcelo Mindlin que ya reunió los 55 millones de dólares que debería girarle para tomar el control de Edenor, según el contrato que firmaron el Día de los Inocentes el grupo Pampa Energía y Edelcos, la novel sociedad del ex ministro del Interior menemista con su coterráneo Daniel Vila y el magnate químico Mauricio Filiberti. “En dos semanas estoy sentado en tu silla”, le dijo a Ricardo Torres, CEO de la distribuidora y mano derecha de Mindlin.

La transferencia requiere la venia del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y coincide, algo inconvenientemente, con la revisión tarifaria integral que pilotea el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Además de la plata para la primera cuota, Manzano también asegura contar con el aval político de Cristina Fernández de Kirchner, a quien reportan sin intermediarios tanto Basualdo como el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal. Los vendedores todavía aguardan las efectividades conducentes.

No es que Mindlin necesite liquidez. La semana pasada fue a visitar a Alberto Fernández para confirmarle que invertirá 250 millones de dólares en el desarrollo de nuevos pozos de gas en Neuquén, donde Pampa Energía procura emular el despliegue no convencional de Tecpetrol, de Paolo Rocca. Fue en esa misma reunión donde le confirmó que pagaría sin protestar el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, un tributo que considera muy nocivo -como casi todos los alcanzados por cualquier impuesto directo- pero contra el que decidió no litigar judicialmente, tal como reveló por televisión el propio Presidente.

Fernández desconfía de Manzano tanto como Mindlin, pero no encontró ningún empresario local de peso ni multinacional que quisiera hacerse cargo de la concesión del servicio eléctrico para las 9 millones de personas que conecta Edenor. Por las dudas, Torres reclamó en las audiencias públicas de esta semana que las tarifas aumenten 31% promedio desde este mes, que se unifiquen las categorías residenciales y comerciales (lo cual potenciaría la suba) y que el Estado subsidie directamente con otros 20 mil millones de pesos las inversiones necesarias para mantener la red en condiciones.

El aumento que se va a autorizar no llegará ni la tercera parte. Lo anticipó en los hechos el viernes pasado Axel Kicillof, al firmar apenas un 7% de ajuste para las distribuidoras del interior bonaerense. “Entre un 7 y un 9% resulta sensato”, avaló Basualdo el martes en una entrevista con C5N.

Tal como se relató en esta columna la semana pasada, el gobernador ya había informado a Martín Guzmán el 19 de febrero sobre el tope máximo que admitía Cristina. El ministro de Economía lo había escuchado antes de boca de la propia vicepresidenta, pero apostó a convencerla de que aumentar los subsidios por encima del 1,7% del PBI previsto por el Presupuesto era peor que habilitar esas subas. Viajó incluso a El Calafate para hacerlo en persona. No solo no lo consiguió; también deterioró mucho su vínculo en el intento. Especialmente porque después se lo confesó a un cura amigo, de quien trascendió a la prensa.

Votos y devotos

Despoderado frente al resto de un gabinete donde son pocos los que hablan con la VP y constreñido nuevamente al tema de la deuda, Guzmán emprenderá en diez días una gira por Europa donde planea sondear a los accionistas europeos del FMI respecto de otra idea que impuso la vicepresidenta, asesorada por Kicillof: que el pasivo por U$S 45 mil millones heredado de Mauricio Macri se refinancie a 20 años. Son los mismos gobiernos que tienen que aceptar el aplazamiento del último pago al Club de París, por U$S 1.900 millones más intereses y punitorios que lo llevan arriba de los 2.400 millones.

La clave en términos macroeconómicos está en el Fondo, pero el riesgo de default con el Club de París es más perentorio porque el vencimiento opera en mayo. Eso explica en parte la gira que llevará a Guzmán a Berlín, París, Roma y Madrid, con cuyos delegados podría verse por Zoom esta próxima semana en la Asamblea de Primavera (boreal) del FMI. Al ministro, además, le sirve para contraatacar en la interna. Sus colaboradores suelen repetir lo que denuncian los exfuncionarios macristas: que la del Club de París fue una negociación desventajosa que anudó en 2014 el ahora gobernador y entonces jefe del Palacio de Hacienda.

El Presidente confirmó el martes a enviados de movimientos sociales que no va a haber acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones. En Olivos, al caer la tarde, les dijo a Gildo Onorato (Movimiento Evita), Juan Carlos Alderete (CCC) y Daniel Chuky Menéndez (Barrios de Pie) que procurará aprovechar los tres años de gracia que suelen incluir todas las renegociaciones y a la vez tensar la cuerda para que la refinanciación sea a 20 años. Ahí se inscriben las gestiones de Máximo Kirchner y Sergio Massa para que dirigentes opositores refrenden también el pedido de más plazo. También otras más secretas que llevaron al flamante consejero pontificio Gustavo Beliz a Roma quince días atrás. ¿Apelará Fernández otra vez a los oficios del Papa ante Kristalina Georgieva? ¿Aceptará el argentino más poderoso del mundo volver a interceder a favor del Gobierno después de la legalización del aborto? ¿Ya se le habrá pasado la bronca al obispo Marcelo Sánchez Sorondo? ¿Y si la devota Georgieva descubre que la relación Buenos Aires-Vaticano no es la de un año y medio atrás?

Polvorín social

El oficialismo se muestra confiado de cara a las elecciones y el propio Presidente planea ponerse al frente de una campaña donde, asegura, se va a plebiscitar su propia gestión. Falta ver el impacto de la segunda ola. No solo en términos sanitarios sino también económicos, porque el Presupuesto no prevé alivio ni rescate alguno para los sectores que puedan verse afectados por un rebrote que obligue a restringir otra vez la circulación. Ahí las certezas empiezan a flaquear: en un contexto de disparada exponencial de los contagios como el de esta semana, si fueran hoy, Fernández asegura que las PASO se deberían suspender.

¿Cómo sostener un rescate en caso de que haga falta cerrar actividades, al menos temporariamente? En dólares con lo que aporte la suba de la soja, que volvió a regalar buenas noticias esta semana. Y en pesos, con lo que genere el Aporte Extraordinario. Pese a que una jueza en lo contencioso administrativo concedió dos medidas cautelares contra su cobro, el primer juicio concluido por el tributo lo ganó el Estado. Fue el de José Luis Prado Lardizabal, un corredor de campos cordobés que inició en el juzgado federal de Bell Ville una acción para no pagarlo. La justicia rechazó la cautelar, él desistió de la acción y del derecho y el juzgado dejó firme el desistimiento. Solo falta que pague.

Más allá de lo que digan los jueces, aún los más comprensivos dentro del establishment siguen irritados por el aporte. “Yo no tengo dudas de que esta pandemia es como una guerra y que hay que poner plata. Pero como todo en Argentina, se hace berretamente. En este caso, se legisla berretamente. Yo habría dado la chance de comprar un bono patriótico a 200 años al 2 o 3% de interés. ¡Habríamos puesto más guita que esto!”, aseguró a BAE Negocios uno de los alcanzados.

Es contrafáctico. Incomprobable. Lo que sí puede hacerse es una cuenta rápida. Los 19 millones de pobres que el INDEC contabilizó a fines de 2020 viven en hogares que en esa foto tenían ingresos promedio por $29.567 al mes. Es decir que, en conjunto, ese 42% del país sumergido en la miseria debe arreglárselas con unos $140 mil millones mensuales, un 41,5% menos de lo que necesitarían para subsistir dignamente. Si se les transfiriera directamente lo que la AFIP les va a cobrar a los 12 mil dueños de grandes fortunas (un aporte del 2 al 3,5% sobre patrimonios superiores a los 200 millones, a valor fiscal) y el tributo se hiciera permanente, una cuarta parte de los pobres dejarían de serlo.