«En defensa del Estado de Derecho y la supremacía de la Constitución Nacional»

La Nación Argentina ha puesto fin, por el voto popular, a un nefasto período de derrumbe institucional y de manifiesto apartamiento al sistema del Estado de Derecho, iniciando un nuevo período fundado en la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La superación del derrumbe y de la excepcionalidad institucional convoca a reclamar un profundo examen de los actos lesivos del Estado de Derecho perpetrados por la anterior gestión de gobierno; esa revisión compete a los tres poderes que conforman el Gobierno Federal y al Ministerio Público, quienes en el marco de sus incumbencias y potestades constitucionales  deben tomar intervención ante causas judiciales viciadas de nulidad; y en los hechos y actos que provocaron tanto al derrumbe institucional como al quebrantamiento de la economía, la justicia social y el bienestar del pueblo argentino.

No puede tolerarse la subsistencia de las afectaciones de modo irregular y arbitrario a los derechos supremos de la vida, libertad e integridad física y moral de los argentinos. En las distintas causas y en manifestaciones que han efectuado organizaciones sociales, como diversas personalidades del derecho hay suficientes argumentaciones para que se adopten desde los tres poderes de gobierno las acciones institucionales que efectivicen el pleno goce de la libertad y derechos de todos los ciudadanos que sufren tan injusta privación de su libertad por sus ideas políticas o reivindicaciones sociales;  pues ya no hay tiempo que justifique una innecesaria e injusta espera. Los presos políticos, víctimas de arbitrarias  privaciones de la libertad, deben recuperar esos bienes jurídicamente tutelados, bajo la efectiva vigencia de la supremacía de las normas constitucionales y convencionales, que conforman la conciencia jurídica humanista del pueblo argentino.

Todo habitante de la Nación Argentina merece esa vigencia del Estado de Derecho, y es una obligación inexcusable de los poderes del Gobierno Federal y del Ministerio Público hacerlo cumplir. El derecho no es sólo lo que se dice; es por sobre todo lo que se realiza.

Así lo reclamamos, en ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades y de resistir los actos de violencia institucional (arts. 14 y 36, C.N.). Se violaron garantías esenciales que no pueden convalidarse en el marco constitucional. En el ámbito de la democracia plena por la cual lucharon los mayoritarios sectores del pueblo, y por principios de ética republicana no ha de haber presos políticos en la República Argentina. Por ello, afirmamos: