FIBERTEL. El Gobierno de la Ciudad consideró que no tenía licencia

Tiempo Argentino de hoy

El gobierno de macri la había adjudicado y luego se volvió atrás

Cablevisión perdió una licitación de la ciudad por la disolución de Fibertel

Por Equipo de Economía

Fue en 2009 y era un concurso para proveer Internet. Una empresa competidora denunció que la operadora de TV paga del Grupo Clarín no podía ganar porque carecía de licencia. El procurador de la ciudad le bajó el pulgar.

Un año atrás, Cablevisión perdió una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque la licencia de Fibertel estaba caduca, es decir por las mismas causas por las cuales ahora el gobierno nacional le impide ofrecer el servicio de Internet.

Notablemente, el gobierno de Mauricio Macri le había adjudicado el concurso –para provisión de Internet en las dependencias de la Dirección General de Estadísticas y Censos– pero luego debió dar marcha atrás por las impugnaciones que presentó otra competidora de la misma licitación, para la cual Cablevisión no contaba con la licencia para operar en el negocio de Internet. La impugnación fue aceptada por la Procuración General de la ciudad.
Es decir, el gobierno de Macri sabía perfectamente que la operación de Cablevisión en Internet era ilegal. Así y todo, el jefe de gobierno porteño embistió contra la decisión del gobierno nacional de sacarle la licencia a Fibertel con argumentos furiosos. Dijo que «constituye un nuevo avasallamiento del kirchnerismo hacia la sociedad argentina». «Los Kirchner utilizan las instituciones del Estado nacional para castigar a los opositores, no miden las consecuencias, no aceptan el disenso y son intolerantes, al extremo que en este caso ni siquiera les importan los usuarios que utilizan desde hace años el servicio de Fibertel», abundó.

Según la documentación a la que accedió Tiempo Argentino, en los primeros meses de 2009, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del gobierno de la ciudad (AGIP), que depende de la Dirección de Estadísticas y Censos, llamó a contratación directa para la prestación de servicios de Internet a varias empresas, y tras los análisis de rigor preadjudicó a Cablevisión la Contratación Directa Nº 3941/2009. El 24 de julio, la Dirección de Estadísticas y Censos le anunció a Cablevisión que su propuesta había sido aprobada.
Días después, una de las siete empresas que concursaron denunció que Cablevisión «no posee licencia única para prestar servicio de telecomunicaciones y que no ha obtenido la autorización de la autoridad de aplicación para modificar su situación societaria». Se trata de la misma información que presentó este diario, cuando dio a conocer el prospecto que el Grupo Clarín envió a la Bolsa de Londres, en el cual reconocía que no contaba con la autorización final para la serie de fusiones que estaban llevando adelante.

La AGIP acusó recibo de la impugnación y pidió más información a Cablevisión, que respondió esquivando la cuestión de fondo.
Confundido ante la respuesta de la compañía, el día 7 de agosto, el gobierno de la ciudad avanzó un paso más allá para cerciorarse de si, efectivamente, había una irregularidad. Así es que pidió intervención en el expediente a la Procuración General del gobierno de la ciudad, organismo que el 18 de agosto pidió a la Agencia de Sistemas de Información porteña que determine la razonabilidad de la demanda contra Cablevisión.

El ente que desarrolla los sistemas informáticos de las distintas dependencias del gobierno de la ciudad se tomó tres días y, el 21 de septiembre, dictaminó que si bien Cablevisión «reúne las condiciones técnicas para prestar el servicio que se le solicita», se declaraba incompetente en relación a la fusión de la empresa de TV paga del Grupo Clarín con Fibertel.
Con este informe en la mano, la Procuración intimó el día 4 de octubre a Cablevisión a que presentara en el plazo de 10 días hábiles «la conformidad a la fusión operada, emanada por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación». Al mismo tiempo, advirtió que «transcurrido el plazo estipulado, y en el caso de que la firma Cablevisión no presente la documentación requerida, deberá hacerse lugar al recurso de reconsideración deducido por la firma» denunciante, cuyo nombre no trascendió.

Así las cosas, el 9 de noviembre Cablevisión presentó un largo escrito dirigido a la Dirección General de Estadísticas y Censos para que «desestime el recurso de reconsideración» que había planteado la firma competidora. Pero en ese escrito no mostró ninguna prueba que determinara que la licencia de Fibertel le pertenecía, en particular la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones.
El epílogo fue el lógico: el 12 de noviembre, la misma dirección de estadística resolvió el «hágase lugar al recurso de reconsideración» que había sido interpuesto por la competencia, y revocó la Disposición 054, que era la que había aprobado la contratación directa a favor de Cablevisión.

De todas maneras, y pese a que el jefe de gobierno es uno de los primeros cruzados en contra de la revocación de una licencia ilegal, esta irregularidad en la contratación también estuvo a punto de darse en otro de los bastiones clave del macrismo, como lo es el Banco Ciudad. Sin embargo, la gestión realizada por una de las telefónicas que se dividen el país cortó de cuajo la invitación a Cablevisión para que siguiera participando de esa licitación.