OPINIÓN. Por qué no debemos acordar con el FMI, por Horacio Rovelli

El gobierno priorizó el pago de los intereses de la deuda antes de asistir a la población e incluso, utilizó el aumento de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI que eran para combatir el flagelo del covid, para pagarle los dos vencimientos de capital del FMI del año 2021.

El problema jurídico es que la deuda colocada en los mercados mediante títulos públicos fue legal, porque el Congreso de la Nación, aún con la oposición de la izquierda y del kirchnerismo de la época (Unidad Ciudadana) la aprobó por la mayoría obtenida por los diputados y senadores del bloque oficialista de Cambiemos y del “Frente Renovador”.

En cambio, la deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, la solicitó y obtuvo el gobierno de Macri sin cumplir con las normas de procedimiento para contraerla.

Primero, se firmó una Carta Intención en junio de 2018 y después se amplió en octubre de ese año, ante la corrida cambiaria que llevó el valor del dólar de casi $ 20 a casi $ 40 ente abril y julio de 2018.

En los acuerdos firmados con el FMI en junio y octubre de ese año, constaba que el gobierno presidido por Mauricio Macri informaría diariamente al FMI todas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Como ejemplo de esas transferencias, al primer desembolso de 18.000 millones de dólares, le siguió una venta en moneda extranjera, casi equivalente a esa suma, sin que el Fondo hubiera advertido al gobierno o procedido conforme lo indica su normativa, como surge del informe que publicara el 20 de mayo de 2020 el Banco Central de la República Argentina, titulado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.

El FMI efectuó el crédito de 32.200 millones de DEG a la Argentina [2], mientras la fuga continuaba y se aceleraba, sin que sus técnicos y autoridades efectuaran advertencia alguna al gobierno o le comunicaran el conocimiento de lo que estaba ocurriendo a los efectos de que adoptara las medidas necesarias para terminar con ese estado de situación (cortar la fuga) como exige el Artículo 6to, Inciso “a” de su Convenio Constitutivo. ^[3]

Aun con el incumplimiento del Convenio Constitutivo del FMI, y sin la autorización del Congreso de la Nación, el gobierno de Cambiemos tomó el crédito para concretar la fuga de capitales, tal como lo reconociera expresamente el ex presidente Mauricio Macri ante el canal de noticias CNN el 8 de noviembre de 2021: “La usamos para pagar a los bancos comerciales”.

Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI, es decir el país con mayor poder de decisión en este organismo multilateral de crédito que básicamente responde a sus intereses. En este sentido, en vez de bloquear un préstamo que iba en contra de lo establecido en el Convenio Constitutivo del organismo, decidió que se le otorgara al gobierno Macri para apoyarlo en su reelección y, si así no fuere (tal como sucedó) para condicionar severamente al gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2019.

Como reconociera Macri, la Argentina se endeudó, pero no para comprar y terminar con las concesiones de los puertos privatizados en la gestión de Menem, ni para recrear nuestra propia marina mercante o modernizar los FFCC que liquidaron en la década de los ‘90. Ni tampoco para construir un millón de viviendas. No se compró un solo ladrillo: nos endeudamos para que una minoría exigua fugue capitales.

En el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA se sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  y que los 100 mayores compradores adquirieron 24.679 millones de dólares

Nunca se dio a conocer oficialmente el listado de los que compraron las divisas por las que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri” el 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares.

Otros de los primeros 100 compradores de dólares en la gestión de Cambiemos fueron Monsanto Argentina SA; el Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza; Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos liberó la compra y venta de divisas sin límite alguno (como si cualquier ciudadano pudiera comprar uno, diez o cien millones de dólares) aún así, en todos los casos, el comprador debe justificar la procedencia de los fondos, como exige la Ley 25.246 de Lavado de Activos sancionada y promulgada en el año 2000. Eso no se hizo y son responsables tanto el comprador como el banco que le vendió.

Ninguna de esas 100 empresas declaró y menos pagaron impuestos por la mitad de los dólares que compraron. La pregunta obligada es ¿por qué no los llama la AFIP y se lo reclama a cada una de esas 100 empresas?  ¿Cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron si no declararon ganancias por los montos que adquirieron?  Y si no lo hace la AFIP, ¿Por qué no lo hace la Justicia Argentina o la Comisión Bicameral de Seguimiento de la deuda externa del Congreso de la Nación?

Las condiciones del FMI

En la reunión con los Gobernadores del pasado martes 4 de enero, el ministro Guzmán dijo que el Estado Nacional argentino tiene que pagarle al FMI, entre capital e intereses, U$S 19.000 millones de dólares este año y U$S 20.000 millones en 2023. Además, aportó un detalle poco difundido sobre el endeudamiento: Dijo que los pagos de deuda del sector privado en moneda extranjera son el principal factor que explica la diferencia entre el excepcional superávit comercial de los últimos dos años y la acumulación de reservas internacionales del BCRA. En sus dos años de mandato, consignó, el gobierno de Alberto Fernández le otorgó a un grupo de grandes empresas de la Argentina la suma de 8.300 millones de dólares para pagar la deuda que esas empresas privadas contrajeron durante el gobierno de Cambiemos, simultáneamente con el vertiginoso endeudamiento público.

En esa misma reunión, el ministro advirtió que “el acuerdo con el FMI no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo de la Argentina; hay mucho trabajo por hacer; es tan grande el problema que va a llevar años resolverlo” y recordó que los compromisos de deuda plantean una “situación absolutamente insostenible” porque el total de vencimientos de la deuda pública nacional (FMI y otros), más los vencimientos de la deuda del sector privado suman compromisosde U$s 28.000 millones en 2022 yde  U$s 30.000 millones en 2023, suma que es casi el doble del superávit comercial del país.

La Argentina obtuvo en el año 2020 un superávit comercial  (las exportaciones superaron a las importaciones) de 12.528 millones de dólares y en el año 2021 rondará los 17.000 millones de dólares. Sin embargo las reservas internacionales del BCRA son de 4.000 millones de dólares menos que en diciembre de 2019.

La causa fundamental es que la Argentina no sólo pagó y paga los intereses de una deuda espuria, sino que incluso le vende los dólares al tipo de cambio oficial a las empresas privadas para que estas paguen sus supuestas o reales deudas… cuando la mayoría de esas empresas están entre las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos.

Por lo expuesto, la economía argentina no encuentra su debilidad en el escaso ingreso de divisas, ni en la falta de dinero, sino en la permanente fuga de capitales, el pago de la deuda, y la administración de sus recursos financieros que se encuentran destinados a la especulación, y no a la producción ni al desarrollo con justicia social.

Es más, en su exposición ante los gobernadores, Guzmán sostuvo que el déficit primario (antes de pagar los intereses de la deuda) de la administración macional de 2021 fue del 3,5% del PIB (unos $ 13.300 millones) y que el FMI exige  un desequilibrio primario del orden del 2,5% para este año, y de 1,8% del PIB para 2023 ( a dinero de 2021 son unos $ 4.440 millones para este año, y otra reducción de 3.100 millones mas durante 2023.

Los que entraña dos problemas. Uno, que el ajuste se hace pagando menos haberes previsionales y sociales. El otro, que paralelamente el FMI exige que el financiamiento del BCRA sea cada vez menor, con lo que obliga al Estado a endeudarse para pagar deuda (tomra deuda nueva para pagar deuda vieja, con lo que siempre seguiremos endeudados).

En síntesis

No existe el “default” con el FMI, como país miembro y dada las serias deficiencias y anormalidades reconocidas por el propio organismo en el crédito a la Argentina, cabe suspender todo pago hasta que se sepa fehacientemente a donde fue cada dólar concedido, recuperarlo y amortizar deudas con el FMI en el menor plazo posible.

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Notas